Fuente: Setmanari Directa.

JESÚS RODRÍGUEZ | 26/11/2012

Tercera edición de CineMigrante.

CineMigrante llega al tres. De esa unidad en dos, el tres se suelta
se desprende de lo dual para ser con camino propio
se aprende a confiar en lo fecundo
En cada movimiento de gravitación propia entonces tomará cuerpo la decisión
Se saldrá al alba por lo difícil dejar la tierra en sol y la noche será entonces quien nos acompañe.
O se iniciará en plena luz
Todo espacio tendrá sentido y existencia
Comienza entonces la identidad

Y me detengo en dos sentidos, el desprendimiento y la identidad.

Comienzo por la identidad.
Las particularidades de esta 3° Edición del Festival Internacional CineMigrante principalmente se resumen en que la experiencia cultural ya tiene un camino recorrido tanto como experiencia grupal como la experiencia del público. Y entonces, las temáticas que recorre este edición implican ya poder dialogar acerca de los modos de construcción de la identidad, esos modos que por momentos quieren circunscribirse a la pertenencia a un Estado Nación, a una unidad geográfica arbitraria y que las historias que CineMigrante viene a mostrar revelan los límites de esa construcción política cultural, buscando la definición identitaria en el encuentro con lo diverso de un ‘otro’.

Este año CineMigrante comienza explorando entonces los modos de construcción identitaria. Historias de personas que al ingresar a un nuevo país para poder integrarse debe modificar sus apariencias, o bien sus creencias o bien sus relatos de vida pasada y en esos cambios comienzan a poner en discusión su identidad pasada o bien la imposición cultural les implica una modificación de forma tal que no pueden volver a reconocerse con una identidad cultural propia.

El desprendimiento.
Este año tuvimos aprendimos dos de sus cualidades: el desprendimiento como desarraigo en la movilidad y el desprendimiento como potencia liberadora.

Desarraigarnos para volver a encontrar terruño, nuevos modos, nuevos idiomas y nuevos rostros que nos conforman hoy y rearman la identidad. Y fruto de ese desarraigo hoy en CineMigrante se conforma por nuevos seres que dan la esencia de todo lo que ustedes van a disfrutar a partir de hoy. Agradecida por ello, me sumo a una nueva identidad en CineMigrante.

Desprendernos, de los vínculos, de los afectos o bien de la presencia física. Y aprendimos esto a fuerza de dolor. Este año, hace tan sólo tres meses, me tocó vivir junto a mi amiga Ana Sol Torroija el dolor profundo de la injusticia contra los migrantes, el desarraigo de la muerte solitaria, la distancia de los afectos, la bronca de la injusticia. Hace tan sólo tres meses atrás moría Juan Pablo Torroija en España tras ser detenido por la policía local de Girona por hechos que aún no fueron demostrados, llevado a una comisaría e ingresado a un Hospital de la misma localidad con signos de estrangulamiento. Su estado era irreversible ya. Identificado por la policía, la familia de Juan Pablo no fue anunciada de su detención ni de su posterior ingreso al Hospital en estado irreversible. Juan Pablo murió sólo, tras tres días de agonía en un hospital de España, sólo sin sus derechos mínimos y humanos garantizados por ser migrante, sudaka y distinto. Tras 20 días de fallecimiento, su familia se entera de manera absolutamente informal de los hechos. Las razones que llevaron a la muerte de Juan Pablo Torroija aún no están esclarecidas. Una cadena de encubrimientos que van desde los medios de comunicación, el Poder Ejecutivo de España, los poderes del gobierno local de Girona, jueces, policías, abogados y gran parte sociedad civil local y de España en general son cómplices de este encubrimiento, porque no hay sistema de opresión y represión que pueda tan sólo con la fuerza.
Y en este sentido, CineMigrante busca ser un grito entre tanto ruido. Porque casa uno/a de nosotras/os somos parte encubridora en cada momento en el que sostenemos alguna acción o pensamiento basado en la desigualdad por la diferencia, en la inequidad.

Decimos siempre que cada edición de CineMigrante  está dedicada a nuestras familias de aquí y de allá que nos dieron la vida, y nos enseñaron y enseñan a luchar por la igualdad de todas/os; Y a todas y todos los migrantes que luchan día a día por la vida y por un mundo mejor. Este año ponemos nombres a estas/os sujetos/as esta edición está dedicada a Ana Sol Torroija, a Élida Elsa Domínguez (alias Wendy) y a Juan Pablo Torroija. Será Justicia.

Amnistía Internacional considera “urgente” que se reconozca el problema como primer paso para poner fin a esta violación de derechos humanos

Tres decisiones de órganos superiores en apenas tres meses condenan al Estado español por no investigar suficientemente casos de malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad

Entre mayo y julio de este año, dos tribunales distintos y un organismo de la ONU han fallado contra el Estado español por no llevar a cabo investigaciones efectivas para averiguar la veracidad o no de las denuncias de tortura presentadas por tres ciudadanos.

El 23 de mayo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, dictaminó que el Estado español había violado el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al no haber realizado una investigación «pronta e imparcial» de la denuncia de torturas presentada por Orkatz Gallastegi en 2011.

Solo unos días después, el 18 de junio pasado, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dictó sentencia estimando el recurso de amparo presentado contra el archivo de una denuncia por torturas que no fue suficientemente investigada. El TC considera que Rubén Villa, detenido en Sestao (Vizcaya) por agentes de la Policía Nacional el 22 de octubre de 2010, sufrió “indefensión” frente a un Estado que no respetó su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos degradantes.

Tanto a Rubén Villa como a Orkatz Gallastegi se les impuso el régimen de incomunicación. Amnistía Internacional y otros organismos internacionales han alertado en numerosas ocasiones de que este régimen propicia la tortura.

En la última de las sentencias, del 24 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar denuncias de malos tratos con componente racista cometidos por la Policía Nacional en el caso Beauty Solomon.

Los hechos de este caso se remontan a hace siete años, cuando Beauty Solomon, de origen nigeriano y con residencia legal en España, fue agredida física y verbalmente por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca, tras ser requerida en dos ocasiones para realizarle un control de identidad.

Al haber agotado todas las instancias nacionales sin que ninguna hubiera estudiado el fondo de la denuncia, la organización Women’s Link Worldwide decidió en 2008, presentar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha reconocido que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes,  puesto que no se investigó si los malos tratos existieron ni si actuación policial obedecía a una motivación discriminatoria.

Con este caso, el TEDH condena por primera vez a un Estado teniendo en consideración la especial vulnerabilidad de la víctima y reconoce expresamente el profundo sufrimiento que ha padecido Beauty Solomon en todos estos años. Ahora, el Estado español tiene que pagar a la víctima 30,000 euros, una de las indemnizaciones más altas impuestas, en concepto de daño pecuniario.

Hechos como estos demuestran que cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los agentes responsables. No es raro que el procedimiento dure años, tras sobreseer reiteradamente el juez de instrucción el caso.

Recomendaciones fundamentales

El gobierno español debe:

- Crear un mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos, incluidos los malos tratos y la tortura, tal y como ya recomendó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tras su visita a España en 2001.

- Transmitir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a la ciudadanía en general el mensaje claro de que el maltrato a las personas detenidas está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y de sanciones disciplinarias.

Asimismo, tanto la Fiscalía, como las autoridades judiciales y policiales deben adoptar todas las recomendaciones sobre prevención, investigación y reparación a víctimas de tortura planteadas por organizaciones de derechos humanos y por otras instancias internacionales.

La postura de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional no cree que la tortura sea una práctica sistemática en España, aunque las investigaciones llevadas a cabo por la organización y las recientes  sentencias antes descritas indican que los casos de tortura y otros malos tratos en el país no son incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de estos actos. AI cree firmemente que es imprescindible hacer frente a la impunidad de este tipo de comportamientos.

A la organización defensora de derechos humanos le preocupan los nulos progresos hechos por el gobierno español en la adopción de medidas para aplicar las recomendaciones del Comité contra la Tortura y en armonizar las disposiciones de la legislación española y la práctica en conformidad con el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En cuanto al régimen de incomunicación y cómo esta legislación excepcional propicia los episodios de tortura y malos tatos, cabe recordar que tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como el Comité contra la Tortura de la ONU han expresado serias preocupaciones en cuanto a las garantías y derechos de las personas sometidas al régimen de incomunicación, que permite que una persona permanezca bajo custodia hasta 13 días, sin poder acceder a un abogado y un médico de su elección y sin poder informar a su familia de su paradero. Sin embargo, el Gobierno español volvió a rechazar las recomendaciones de Naciones Unidas en el último Examen Periódico Universal para abolir el régimen de incomunicación.

Los propios tribunales españoles han abierto algunas investigaciones sobre denuncias de tortura, como el Tribunal Supremo en 2011en el caso de Mohammed Fahsi.

En el caso de los malos tratos con componente racista y xenófobo, a Amnistía Internacional le preocupan seriamente estos sucesos, que es difícil dimensionar, puesto que España sigue sin recoger datos sobre ello. En todo caso, la organización ha documentado cómo los malos tratos afectan en mayor medida a personas migrantes en procesos de detención y expulsión y ya denunciado que no se investigan ni estos maltratos ni su posible motivación racista, xenófoba o discriminatoria.

España (27-08-12)
Más información:

-Sentencia Beauty Solomon c. España (Información disponible en francés)
-Nota de prensa emitida por el TEDH en el caso Salomon (Información disponible en inglés)
- Texto completo de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Rubén Villa
- Texto completo del dictamen del Comité contra la Tortura tras la queja de Orkatz Gallastegi (CAT/C/48/D/453/2011)

Manifiesto de Rereguarda en Moviment en motivo de la muerte de Juan Pablo Torroija bajo custodia de la Policía Municipal de Girona.

[Versión Catalán original más abajo]
Juan Pablo Torroija: muerte bajo custodia policial

Juan Pablo Torroija fue privado de su libertad el 10 de julio en Girona por un supuesto intento de robo.
Después de tres horas en el calabozo de la Policía Municipal fue encontrado moribundo y trasladado al hospital Josep Trueta. Tres días más tarde muere solo en la cama del hospital, aun bajo custodia policial.
La autopsia apunta a una defunción por asfixia y supuestamente por suicidio. Esta autopsia presenta
graves irregularidades: el cuerpo descrito es el de un hombre de 76 años, sin cicatrices, ni tatuajes, ni piercings. Juan Pablo tenía 41 años, tatuajes, piercings y una gran cicatriz en el brazo.
Juan Pablo iba debidamente identificado. Su móvil fue requisado por los agentes y no hubiera sido difícil contactar con sus padres en Argentina o con la madre de su hija en Mallorca. Pese a esto, en el informe médico consta que Juan Pablo no tenía familia. El Artículo 37 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares obliga a las autoridades correspondientes a notificar al Consulado del país de origen la defunción de una persona, pero ni la policía, ni el hospital, ni el poder judicial lo hicieron. Lo que si hizo Carles Puigdemont, alcalde de Girona, fue llamar a todos los grupos parlamentarios un día antes de que la noticia saliera en los diarios, pidiendo discreción ante un simple caso de suicidio. La familia no sabrá nada del incidente hasta el día 28 de julio, dos semanas después de la muerte de Juan Pablo.
La falta de información sobre la detención, el hecho de que los únicos testimonios sean los propios agentes, y las graves negligencias cometidas por la policía, el hospital y el juzgado, han llevado a la familia a sospechar que Juan Pablo puede haber sido asesinado, que su suicidio puede haber sido inducido, o que puede haber sido torturado física o psicológicamente. El jefe de la Policía Municipal de Girona, Josep Palouzié, escribe en un artículo de opinión del diario El Punt Avui, que estas acusaciones por parte de la familia “superan todas las lineas rojas”, ya que serían propias de “sistemas autoritarios en que los derechos humanos y las libertades públicas no están garantizadas”. Sospechar que Juan Pablo fue víctima de maltratos en dependencias policiales es razonable considerando los casos de torturas por parte de los Mossos d’Esquadra y de las policías locales catalanas en los últimos años. Esto es demostrable no sólo en las hemerotecas de nuestro país, sino en diversos informes de Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos . En lo que va de año ya son 12 los ciudadanos que han muerto bajo custodia policial en el Estado Español, el doble que el año pasado.
El 4 de agosto, y para acabar con la polémica que envuelve el caso de Juan Pablo, la policía de Girona filtra a la prensa un vídeo que supuestamente convierte en irrefutable la tesis del suicidio: El Diari de Girona i El Punt Avui explican como el vídeo muestra los 19 minutos que pasan desde que el detenido se cuelga con su camisa de los barrotes de la puerta de su celda, hasta que la policía entra a socorrerlo . A pesar de que ni los familiares ni los abogados tuvieron acceso al vídeo, la jueza, Gemma Garces Sesé, del juzgado de instrucción nº4 de Girona, determina que es prueba suficiente, -junto con la autopsia- de la versión policial de los hechos. El 2 de agosto se cierra el caso con una rapidez administrativa poco frecuente, teniendo en cuenta los graves interrogantes que se desprenden:
• Primero: ¿Cómo puede servir de prueba a la jueza un vídeo filtrado a la prensa y narrado con todo detalle en los diarios pero que no ha sido puesto a disposición de la familia ni de los abogados? Y que según el diario el Punt-Avui no documenta el momento del ahorcamiento de Juan Pablo, ya que tiene lugar en un punto que la cámara no puede captar?
• Segundo: En el caso de que se tratase efectivamente de un suicidio, o por lo menos, una voluntad por parte de Juan Pablo de llamar la atención, de manifestarse o de querer ser conducido a un hospital; ¿Porqué los policías dejan pasar 20 minutos hasta reaccionar?
• Tercero: ¿Cómo se explica que ni la policía, ni el hospital ni el juzgado avisen a la familia o al consulado argentino, dejando morir sólo a Juan Pablo en el hospital?
• Cuarto: ¿Cómo puede ser que la interlocutoria de archivo de la jueza dé por válida una autopsia que hace referencia a un cuerpo que no es el de Juan Pablo?
• Quinto: ¿Porqué el juzgado de instrucción cierra en tan poco tiempo un caso tan controvertido, después de que la familia haya tenido que esperar más de 15 días para ser notificada de la muerte?
• Sexto: ¿Porqué se pone en marcha desde Girona una agresiva campaña mediática que hace uso de información confidencial con el claro objetivo de construir un relato y un perfil interesado del difunto a base de especulaciones? ¿Porqué, en cambio, se enaltece en varios artículos el papel supuestamente ejemplar y heroico de unos policías que dejaron agonizar a una persona durante 20 minutos? ¿Porqué nuestra prensa, en lugar de hacer periodismo de investigación independiente, se limita a reproducir una y otra vez la versión de las partes interesadas: Policía Municipal y responsables políticos?
• Séptimo: ¿Porqué Carles Puigdemont, alcalde de Girona de CiU, se preocupa en llamar a todos los representantes de los grupos parlamentarios de la ciudad pidiendo discreción sobre el caso pero no se molesta en llamar ni al consulado ni a los familiares que aparecen en el móvil requisado de Juan Pablo?
• Finalmente: ¿Cómo es posible que Josep Palouzié, jefe de la Policía Municipal de Girona, muestre tan poca humanidad como para escribir un artículo de opinión en un diario, con el único objetivo de enterrar una polémica más que justificada, que deja graves incógnitas? ¿Cómo se puede poner sobre la mesa el malestar que -según dice- se ha vivido desde la Policía Municipal por culpa de las falsas acusaciones venidas desde Argentina?¿Cómo pueden obviarse una negligencias más que demostradas mientras habla de heroicidad y ejemplaridad? ¿Cómo se pueden tener tan pocos escrúpulos pidiendo a la familia Torroija que se tranquilice una vez haya acabado esta pesadilla?
La pesadilla no ha hecho más que empezar, la de una familia que ve, impotente, como se cierra un caso sin opción a que se sepa la verdad; la pesadilla de una hija que no verá más a su padre, y que ni siquiera pudo visitarle en el hospital antes de morir; pero sobre todo, la pesadilla de una ciudad en plena deriva represiva que alinea intendentes, periodistas, jueces y alcaldes y que convierte a unos cuerpos policiales incuestionables en jueces y ejecutores de una ‘civilidad’ que excluye, multa, persigue y retira a todos aquellos elementos sociales no deseados. Estamos ante una crisis de legitimidad de nuestro Estado de Derecho y de una grave violación de las libertades democráticas por las que hemos luchado durante más de 40 años de fascismo.
Exigimos la reobertura inmediata del caso de Juan Pablo Torroija, muerto bajo responsabilidad del Estado,para dar respuesta a todos los interrogantes que se han planteado.
Barcelona, 9 de agosto de 2012

Rereguarda en Moviment; Grupo de Apoyo a la CTA-Barcelona, Federación de la Casa de la Solidaridad (CEDHA, Casa Nicaragua, As. Brigadistas de Nicaragua, Raices Solidarias, Grupo de Apoyo a la CTA Barcelona, Cooxino, Moviment de Brigadistes, IPO, Retruco, CASAL, Cayapa, AAPG-Guatemala); Plataforma Argentina Contra la Impunidad.

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[Versión Catalán]

Juan Pablo Torroija: mort sota custodia policial

Juan Pablo Torroija fou privat de la seva llibertat el 10 de juliol a Girona per un suposat intent de robatori. Després de tres hores en el calabós de la Policia Municipal, és trobat moribund i conduït a l’hospital Josep Trueta. Tres dies més tard mor sol al llit de l’hospital, encara sota custòdia policial. L’autòpsia apunta a una defunció per asfixia i suposadament per suïcidi. Aquesta autòpsia presenta greus irregularitats: el cos descrit es el d’un home de 76 anys d’edat, que no té cicatrius, ni tatuatges ni piercings. Juan Pablo tenia 41 anys, tatuatges, piercings i una gran cicatriu al braç.
Juan Pablo anava degudament identificat. El seu mòbil va ser requisat pels agents i no hagués estat difícil contactar amb els seus pares a l’Argentina o amb la mare de la seva filla a Mallorca. Malgrat tot, en l’informe mèdic consta que Juan Pablo no tenia família. L’Article 37 de la Convenció de Viena sobre Relacions Consulars obliga a les autoritats corresponents a notificar al Consulat del país d’origen la defunció d’una persona, però ni la policia, ni l’hospital ni el poder judicial no ho van fer. El que sí va fer Carles Puigdemont, alcalde de Girona, és trucar a tots els grups parlamentaris un dia abans que la notícia de la mort sortís als diaris, demanant discreció davant d’un simple cas de suïcidi. Mentrestant, la família no sabrà res de l’incident fins el dia 28 de juliol, dues setmanes després de la mort de Juan Pablo.
La manca d’informació sobre la detenció, el fet que els únics testimonis siguin els propis agents i les greus negligències comeses per la policia, l’hospital i el jutjat, han portat a la família a sospitar que Juan Pablo pot haver estat assassinat, que el seu suïcidi pot haver estat induït, o que pot haver estat torturat físicament o psicològica. L’intendent cap de la Policia Municipal de Girona, Josep Palouzié, escriu en un article d’opinió al diari El Punt Avui, que aquestes acusacions per part de la família “superen totes les línies vermelles”, ja que serien pròpies de “sistemes autoritaris en què els drets humans i les llibertats públiques no hi són garantides”. Sospitar que Juan Pablo ha estat víctima de maltractaments en dependències policials és raonable tenint en compte els casos de tortures per part dels Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals catalanes en els últims anys. Això es demostrable no només fent un cop d’ull a les hemeroteques del nostre país sinó als diversos informes d’Organitzacions Internacionals de Drets Humans . Enguany, ja són 12 els ciutadans que han mort sota custòdia policial a l’Estat Espanyol, el doble que l’any passat.
El dia 4 d’agost, per posar punt i final a la polèmica que envolta el cas de Juan Pablo, la policia de Girona filtra a la premsa un vídeo que suposadament converteix en irrefutable la tesi del suïcidi de Juan Pablo: el Diari de Girona i El Punt Avui expliquen amb tot tipus de detalls el devenir de Juan Pablo dins de la comissaria, incloent, segons el seu relat, el moment en que es penja dels barrots de la porta de la cel·la i com, 19 minuts després, la policia entra a socórrer-lo . Tot i que ni els familiars ni els seus advocats no havien tingut encara accés a aquest vídeo, la jutgessa Gemma Garcès Sesé, del jutgat d’instrucció número 4 de Girona, determina que és prova suficient -juntament amb l’autòpsia- per acceptar la versió policial dels fets, i el 2 d’agost tanca el cas amb una rapidesa administrativa poc freqüent, tenint en compte els greus interrogants que se’n desprenen:
• Primer. Com pot la jutgessa fer servir de prova un vídeo filtrat a la premsa i narrat detalladament als diaris però que encara no havia estat posat a disposició de la família ni dels advocats? I que, segons el Diari El Punt Avui, l’esmentat vídeo no documenta el moment del penjament de Juan Pablo, doncs es produeix en un punt que la càmera no pot captar?
• Segon. En el cas que es tractés efectivament d’un suïcidi, o si més no, d’una voluntat per part de Juan Pablo de cridar l’atenció, de manifestar-se o de voler ésser conduït a un hospital, per què els policies no reaccionen sinó 19 minuts després que Juan Pablo s’hagi, suposadament, penjat?
• Tercer. Com s’explica que ni la policia, ni l’hospital ni el jutjat no avisessin a la família o al consolat argentí, deixant que Juan Pablo morís tot sol a l’hospital?
• Quart. Com pot ser que la interlocutòria d’arxiu de la jutgessa doni per vàlida una autòpsia que fa referència a un cos que no és el de Juan Pablo?
• Cinquè. Com és que el jutjat d’instrucció tanca amb tanta rapidesa un cas tant tèrbol després que la família hagués d’esperar més de 15 dies abans no se li notifiqués la seva mort?
• Sisè. Per què s’engega des de certs mitjans gironins una agressiva campanya mediàtica que fa ús d’informació confidencial amb el clar objectiu de construir un relat i un perfil interessat del difunt a partir d’especulacions? Per què, en canvi, s’enalteix en diversos articles el paper suposadament exemplar i heroic d’uns policies que van deixar agonitzar a una persona durant 19 minuts? Per què la nostra premsa, enlloc de fer periodisme d’investigació independent, es limita a reproduir una i altra volta la versió de les parts interessades: Policia Municipal i responsables polítics?
• Setè. Perquè Carles Puigdemont, alcalde de Girona (CiU), es preocupa per trucar a tots els representants dels grups parlamentaris de la ciutat demanant discreció sobre el cas però, en canvi, no es molesta en trucar ni al consolat ni als familiars els telèfons dels quals apareixien al mòbil requisat a Juan Pablo?
• Finalment. Com pot ser que Josep Palouzié, intendent cap de la Policia Municipal de Girona, mostri tant poca humanitat com per escriure un article d’opinió en un diari amb l’únic objectiu d’enterrar una polèmica més que justificada que deixa greus incògnites? Com es pot posar damunt la taula el malestar que -segons diu- s’ha viscut des de la policia municipal per culpa de les falses acusacions arribades d’Argentina? Com es poden obviar unes negligències més que demostrades mentre parla d’heroïcitat i d’exemplaritat? Com es poden tenir tant pocs escrúpols i demanar a la família Torroija que es tranquil·litzi un cop hagi acabat aquest “malson”?
El malson tot just ha començat, el d’una família que veu, impotent, com se tanca el cas de Juan Pablo, sense opció a que es conegui la veritat; el malson d’uns fills que no tornaran a veure al seu pare, que va haver de morir sol al llit d’un hospital per les negligències de les autoritats; i, també, el malson d’una ciutat en plena deriva repressiva que entrellaça sinistrament intendents, periodistes, jutges i alcaldes i que converteix a uns cossos policials inqüestionables en jutges i executors d’una civilitat que exclou, multa, persegueix i retira a tots aquells elements socials no desitjats. Estem davant d’una crisi de legitimitat del nostre Estat de Dret i d’una greu violació de les llibertats democràtiques per les que hem hagut de lluitar durant més de 40 anys de feixisme.
Per tot plegat, exigim la reobertura immediata del cas de Juan Pablo Torroija, mort sota custòdia i responsabilitat de les autoritats autonòmiques i estatals, i una resposta clara a tots els interrogants que hem esmentat.
Barcelona, 9 d’agost de 2012

Rereguarda en Moviment, Grupo de Apoyo a la CTA-Barcelona, Federació de la Casa de la Solidaritat (CEDHA, Casa Nicaragua, As. Brigadistas de Nicaragua, Raices Solidarias, Grupo de Apoyo a la CTA Barcelona, Cooxino, Moviment de Brigadistes, IPO, Retruco, CASAL, Cayapa, AAPG – Guatemala), Plataforma Argentina Contra la Impunidad.